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Sobre ruedas

Ni a Palos
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Por María Constanza Costa y Santiago Barassi / www.portaldelsur.info

Ni el protocolo se salvó del sacudón que generaron las movilizaciones de junio. La semana pasada, la presidenta Dilma Rousseff rompió con todas las formas y medidas de seguridad y salió a recorrer de incógnito las calles de Brasilia en moto. “Me puse el casco y salí”, le contó a su ministro de Energía, Edilson Lobao. La “travesura presidencial” responde al desafío que tiene por delante el PT de cara a las elecciones del año próximo: reconocer los reclamos de la calle y dar respuestas a las nuevas demandas que diez años de movilización social ascendente y ampliación de derechos han generado en Brasil. Esta no será una tarea sencilla. “La vida está llena de riesgos, todo lo que se hace en la vida tiene un riesgo”, dijo la mandataria al ser advertida sobre los peligros de su escapada por las calles de la ciudad, palabras que también son pertinentes para comprender los desafíos que su gobierno tiene por delante.

Las trabas impuestas al avance de la reforma política propuesta por la presidenta Dilma Rousseff pusieron de manifiesto, una vez más, que el Partido de los Trabajadores (PT) no tiene todavía la fortaleza para disciplinar a sus aliados políticos y, de esta manera, poder avanzar en las reformas institucionales que Brasil necesita.

Es verdad que durante los primeros días de las históricas movilizaciones (las más multitudinarias desde el retorno de la democracia) hubo silencio y confusión, pero cuando las cartas ya estaban sobre la mesa y era sabido que las movilizaciones respondían a un reclamo que iba más allá de cuestiones partidarias o de planteos radicalizados sin ningún asidero en la realidad, la mandataria Dilma Rousseff y el ex presidente Lula da Silva se manifestaron sin titubeos, celebraron las manifestaciones y se comprometieron a “oír la voz de la calle”.

Tomando nota de que era el momento justo para poder realizar la tan ansiada reforma política que duerme en los cajones de muchos de los legisladores brasileños desde hace más de 15 años, Dilma impulsó un “gran pacto” con gobernadores y alcaldes de todo el país, poniendo como prioridad hacer un plebiscito para una reforma del sistema político brasileño, cuyo eje principal está en el financiamiento público de las campañas y un cambio en el sistema electoral.

Esta iniciativa se encontró con la resistencia de los sectores conservadores que todavía pretenden que los márgenes de la democracia brasileña sean angostos. Esto no es novedoso en un país caracterizado por tener un alto desarrollo económico en convivencia con elevadas tasas de desigualdad. Lo paradójico es que muchos de estos sectores son aliados políticos del PT.

La intención de llevar a cabo un plebiscito en el menor tiempo posible –de modo que la reforma política entre en vigencia para las próximas elecciones presidenciales de 2014– fue frenada por los jefes de todos los bloques de la Cámara baja, incluido Henrique Eduardo Alves, miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno de Dilma.

Pese a esto, la agitación social de junio ya permitió avanzar en conquistas que hasta hace dos meses estaban bloqueadas. El Congreso brasileño aprobó un proyecto del ejecutivo que establece la asignación del 75 por ciento de las regalías provenientes de la explotación del petróleo a la educación y el 25 por ciento a la salud. El avance de la iniciativa fue calificado por Rousseff como una victoria histórica de su gestión, quién reconoció que las movilizaciones masivas fueron las que crearon las condiciones para la sanción de la ley.

Dilma enfrenta ahora la batalla más dura: poder generar un nuevo entramado institucional que permita cristalizar esa “voz de la calle” que durante semanas se escuchó en todo el mundo. La pregunta es hasta qué punto se podrán poner en tensión los acuerdos que permiten la gobernabilidad en un país que, hasta la llegada del PT al poder, parecía tener naturalizado que crecimiento y desigualdad iban de la mano.