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FALSA ESCUADRA

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Cambia, nada cambia

Ni a Palos
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¿Qué pasa con los controles en la Ciudad? ¿Qué pasa en los boliches? ¿Qué pasa en las obras? ¿Qué pasa con todo aquello que requiere ser habilitado para su actividad y después, claro, controlado? ¿Qué pasa? En este espacio ya dimos cuenta de, por caso, las denuncias que los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad hicieron, hacen y, seguramente, seguirán haciendo en relación al incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en Barracas. ¿La respuesta? Nada. Y así, podríamos seguir enumerando casos.

Ahora, es la Asociación de Profesionales Perito Verificadores de la República Argentina la que enciende, por su parte, la mecha. Dice la entidad: “Después de 14 años de funcionamiento, de no muchas cosas se puede decir lo mismo. En una Ciudad con vecinos en permanente resistencia porque sienten que Buenos Aires está siendo bombardeada, donde cada mañana se encuentran con una casa menos y un edificio en altura más, donde parece que el Estado es su enemigo y no tienen adonde acudir y encontrar quien responda a las innumerables denuncias, dentro del caos que provocó el boom inmobiliario que tantas veces fue tapa de los diarios, lo más sano que permanecía dentro del sistema es de lo que de la noche a la mañana nos quieren privar”.

Continúa: “Contando la Ciudad con más de 1.000 profesionales externos para realizar las verificaciones de obras, de habilitaciones y ascensores, con un sistema transparente ya que las tareas les son adjudicadas por sorteo, porque solo pueden ir una vez y para la próxima visita se sortea a otro profesional, que antes de tomar la tarea debe firmar a modo de declaración jurada la inexistencia de vínculo de sangre, amistad o negocios con el propietario, constructor o director de obra, y que en 14 años jamás un solo verificador recibió una denuncia por irregularidad en su función, no se entiende su disolución por el Decreto 271/14”. Salvo, entienden desde la asociación, que estos profesionales sean una mosca para quien no quiere controlar.

Pero la cosa no se queda ahí, porque el decretazo tiene otras implicancias. Por ejemplo, que al GCBA tampoco pareciera preocuparle -según declaraciones del propio titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión- que existan 14.000 denuncias por obras con irregularidades pese a haber pasado la verificación. Esos datos, precisamente, son obtenidos por la AGC a partir de la labor de los verificadores de obra, quienes a su vez desconocen, de acuerdo a lo que exponen, qué hace luego ese organismo con sus informes. O, mejor, sí saben: todo termina en el limbo.

Al parecer, la misma postura adoptó el Gobierno porteño, además, con los verificadores de ascensores: deja la seguridad en manos de los inspectores propios, método archiconocido por sus arbitrariedades y falta de transparencia, afirman los peritos verificadores.

“Otra muestra de ineptitud es el sistema de ascensores registrados, pensado más para recaudar que para cuidar la seguridad (el dato ya figura en la declaración jurada anual de los conservadores de ascensores, cuyo registro fue borrado de la web oficial y sobre los cuales no se ha ejercido ningún tipo de control). Es decir, siguen inventando sistemas que no sirven para nada salvo para generar ingresos, único objetivo de esta gestión. La propuesta de realizar un censo con los verificadores de ascensores no solo hubiese determinado la cantidad real de ascensores sino también su estado, que es lo importante, y verificar también la documentación”, expresan. Y dejan picando una idea, la misma idea, la idea de siempre sobre estas cuestiones: que todo cambia para que no cambie nada, que el fantasma de los negociados no es tan fantasma, que la corrupción, en fin, mientras estas condiciones se mantengan, puede gozar de buena salud.