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FALSA ESCUADRA

1-11-14, una pequeña salida

Romina Sánchez
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Escenario recurrente de la sección policial de los diarios y las notas que en televisión se musicalizan a lo Psicosis, la Villa 1-11-14, al sur de Flores, esta vez es noticia por ser el espacio en el que se montará un nuevo centro cultural a instancias de un proyecto promovido por la subsecretaría de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo, a cargo de la arquitecta Bárbara Rossen, quien destaca que el organismo encabezado por Alejandro Amor se caracteriza por su política “de estar presente donde los derechos están más vulnerados”.

La iniciativa surge mediante la firma de un convenio de cooperación de la Defensoría porteña con la Iglesia Madre del Pueblo de la Villa 1-11-14, para la creación de un centro cultural, cuya financiación se concretará a partir de un fallo contra una empresa constructora, a raíz de la demolición del inmueble protegido conocido como “Casa Millán” (Alberdi 2476), antigua propiedad del apoderado de la familia fundadora del barrio, Antonio Millán, también considerado artífice de la zona oeste de la Ciudad y referente cultural de los vecinos. Tirar abajo la vivienda no implicó, explican desde la Defensoría, “la mera pérdida de un bien material sino un atentado contra el patrimonio cultural y la identidad del barrio de Flores y de la Ciudad toda y, lo que es quizás más importante, contra la cultura ciudadana”.

Por su alto valor patrimonial, histórico y cultural, la casa había sido protegida por el Código de Planeamiento Urbano en su modificación del año 2000 (Ley 449 que entró en vigencia el 8 de noviembre de ese año). A pesar de ello, los propietarios de la vivienda procedieron a su demolición sin permiso, generándose en consecuencia la causa judicial que condujo al dictado de una sentencia en la que se estipuló la asignación de una partida presupuestaria para, justamente, “la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural”, como resarcimiento del daño moral colectivo que implicó la pérdida del bien cultural.

La sentencia definitiva surge ahora y la Justicia decidió que, aunque el patrimonio no se puede salvar porque fue demolido, corresponde un resarcimiento en la medida en la que sea destinado a la preservación y difusión de la cultura en la Ciudad”, explica Rossen. “Los padres de la parroquia construyeron un centro barrial de recuperación para chicos con adicciones (Avenida Castañares 2218, entre Bonorino y Lautaro) y nuestro propuesta es construir el centro cultural arriba de ese inmueble para completar ediliciamente y colaborar, además, para que tengan un espacio de actividades”, precisa la responsable de la dirección y el seguimiento de la construcción del centro cultural.

El juicio contra la empresa que demolió el inmueble comenzó en el 2000 cuando Alicia Oliveira era la defensora del Pueblo; prosiguió en la gestión de Alicia Pierini y continuó, hasta la fecha, con Alejandro Amor, a cargo del organismo. Ahora, se prevé que la construcción del nuevo espacio comience en septiembre y esté terminada en marzo de 2016. Así, cuando se consume, el barrio tendrá un nuevo ámbito para pelearle a la estigmatización de la siempre rendidora etiqueta del narcotráfico y el secuestro extorsivo.