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Seguridad, ¿para qué?

Mariano Zamorano, Diego Sánchez
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Siguiendo con la tendencia de la campaña electoral, la siempre mentada seguridad se presentó, en sus múltiples variantes, como uno de los ejes centrales de estas primeras semanas de gobierno de Cambiemos. El DNU que declara la Emergencia en Seguridad Pública, junto al flamante fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que autoriza a la Policía a pedir libremente el DNI, y la responsabilidad conjunta de la Gendarmería y la Federal en la represión a los integrantes de una murga durante un operativo en el Bajo Flores -muchos de ellos niños y adolescentes-, abren interrogantes sobre las nuevas facultades de las fuerzas policiales y sobre el control político que ejercerá el oficialismo sobre las fuerzas de seguridad. El legado que dejó el kirchnerismo, la situación de los jóvenes en los barrios vulnerables, y las continuidades y rupturas en materia de seguridad por parte del nuevo gobierno.

La represión a una murga en el Bajo Flores el viernes 29 de enero en las calles Charrúa y Varela fue la noticia de la semana. El video que empezó a circular y pronto se hizo viral dejó en evidencia la irrupción de la Gendarmería frente al ensayo de Los Auténticos Reyes del Ritmo, los gritos y corridas de sus integrantes, y la posterior excusa del intento de remolque de dos autos robados y el combate al narcotráfico como justificación de la represión, que en las horas posteriores encontró a los integrantes del gobierno al menos dubitativos -el sábado 30 el Ministerio de Seguridad nacional comunicó el “ataque a los gendarmes” y hasta el martes negó la existencia de civiles heridos- y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Hospital Churruca visitando a dos gendarmes heridos de bala en otro operativo realizado a varias cuadras de la zona. Después, lo conocido: la declaración del director de la murga, Gustavo González, a través del Facebook de La Garganta Poderosa narrando la violencia, las fotos de los chicos que mostraban las balas recibidas, y los testimonios del ataque de los gendarmes que dejó doce heridos (vale repetir, entre los que se encontraban niños y uno de ellos, según las primeras pesquisas, con residuos de bala de plomo).

“El Operativo Cinturón Sur está hace casi 5 años con la Gendarmería como fuerza encargada del control de toda la zona que es Bajo Flores, la 1-11,14 y aledaños, y los hechos de violencia institucional hacia adolescentes y jóvenes son bastante comunes, y van desde el pedido de documentos, cacheos, requisas, a veces golpes, y en muchas ocasiones detenciones injustificadas. Esto es la actividad penal-policial cotidiana. Ahora bien, hechos de estas características, de represión contra una murga de 90 personas, no son habituales. Nos llama la atención porque desde que está Cinturón Sur es la primera vez que sucede una represión de estas características contra un colectivo tan grande de gente”, cuenta Julian Axat, coordinador del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La presentación, a menos de dos meses de la asunción de Cambiemos, permite preguntarse el papel que cumplirán las fuerzas de seguridad con el nuevo gobierno y el camino que tomará la “lucha contra el narcotráfico y el flagelo de la droga”.

“El episodio en el Bajo Flores se inscribe, por un lado, en un proceso que ya lleva al menos dos años de relajamiento de controles sobre las fuerzas federales desplegadas en Cinturón Sur y de intensificación de situaciones de abuso hacia los vecinos de esos barrios. Pero al mismo tiempo, los mensajes de las autoridades políticas en las últimas semanas y decisiones judiciales como la del TSJ de CABA sin duda son interpretadas por las fuerzas de seguridad como una señal de que hay que endurecer las prácticas policiales en la calle y de que no habrá consecuencias para quienes cometan abusos de este tipo”, opina Manuel Tufró, coordinador del equipo de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

dniDocumentos, por favor

En el Informe anual 2015 del CELS se afirma que “las policías y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social” y como prueba de esto aparecen los jóvenes que pueblan los barrios pobres y las cárceles -supuestos destinatarios privilegiados de un proyecto político-social que procura el crecimiento con inclusión- sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las políticas inclusivas que se pretenden desarrollar.

El fenómeno no comenzó con el arribo de Cambiemos a la presidencia. Según los datos surgidos del archivo de CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional), la cantidad de muertos en represión institucional asciende a 4644 personas en el período 1996-2015 (la mayoría de ellos bajo la modalidad de gatillo fácil o muerte de personas detenidas, el 49% del total pertenecientes al grupo de 15 a 25 años, y un 45% de los casos ocurridos en la provincia de Buenos Aires). Por su parte el CELS registró entre el 1 de enero de 2003 y el 15 de noviembre de 2015 a 1549 personas muertas por fuerzas de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires

¿Cómo leer la autorización que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad realizó en la primera semana de enero que determina que las fuerzas de seguridad pueden solicitar el DNI en la vía pública?

“La decisión tomada por el TSJ ha validado facultades que una ley nacional había dejado de lado y que tienen que ver con la orgánica policial. Nosotros creemos que esa facultad puede ser ejercida solo de modo excepcional y no como el ejercicio rutinario, porque esto es regresar a las épocas del Proceso. Esto es una cuestión que implica cierto riesgo en el sentido de dar marcha atrás en derechos, libertades y garantías del ciudadano con respecto a lo que se ha ido avanzando no solamente en los últimos años sino desde la reimplantación de la democracia en adelante”, opina Carlos Arslanian, abogado, juez y ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Según María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI, el fallo del TSJ no deja dudas sobre las facultades de la Policía en cuanto al estado de sospecha de una persona, el pedido de identificación y la detención posterior o la requisa personal o de sus pertenencias. “Está absolutamente comprobado estadísticamente que estas facultades policiales no tienen ningún tipo de efecto sobre la llamada inseguridad, porque pretender encontrar a un criminal o a un prófugo a través de la facultad para identificar personas en la calle -como dijo una de las testigos experta en el juicio de Walter Bulacio en la Corte Interamericana en Costa Rica- es como pretender pescar peces de río echando las redes al mar. A los Lanatta no los vas a encontrar porque le pidas el documento al morochito de visera que pasa por la vereda”.

En este caso, Axat observa un quiebre desde la asunción del nuevo gobierno en cuanto el control ejercido por la Policía Federal y la Gendarmería sobre los jóvenes del Cinturón Sur más cercanos al barrio 1-11-14. “Todos los pibes sufren abusos por parte de la Policía. En especial porque desde que la Suprema Corte de Capital avaló el pedido de documentación a los jóvenes sin motivo, las fuerzas policiales se agarraron de ahí para exigir documentos”, cuenta y adelanta que desde ATAJO se empezó a trabajar en un informe que busca describir el accionar de las fuerzas de seguridad en los barrios más vulnerables, y dejar en claro que las tasas de privación de la libertad, de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad son mucho mayores en las zonas de la ciudad donde hay pobreza (a diferencia de lo que pasa con jóvenes de clase media y en barrios como Palermo, Microcentro o San Telmo, afirma Axat).

murga represionNecesidad y urgencia, derribos y la constante “lucha contra el narcotráfico”

La declaración de Emergencia en Seguridad Pública, publicada en el Boletín Oficial el jueves 21 de enero, quizás sea la política pública más fuerte que establecerá la perspectiva con la que se manejará el Estado al menos durante 2016 (al término de los primeros 365 días el decreto puede ser prorrogado). Los puntos centrales del decreto se dirigen principalmente al combate contra el narcotráfico (producción, tráfico y comercialización) –mencionando también delitos de trata de personas, prostitución de menores y pornografía infantil, tráfico de armas y lavado de dinero-, junto a la descripción del legado de un Estado “sin capacidad de dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad”. En respuesta, la convocatoria a incorporar personal retirado (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria), la modificación de partidas presupuestarias autorizadas por la Jefatura de Gabinete y el enunciado de reglas de protección aeroespacial que autorizan al derribo o destrucción de vehículos declarados “hostiles” figuran como las principales estrategias a desarrollar durante este año. La respuesta más fuerte llegó de la alianza multisectorial del Acuerdo de Seguridad Democrática que identificó el decreto 228/2016 como la puesta en marcha de medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad, anuncios efectistas pero ineficaces, y una escalada punitiva que habilita una pena de muerte encubierta.

“Una de las primeras cuestiones que plantea el decreto en seguridad es la existencia de facultades extraordinarias para los poderes ejecutivos para poder cambiar el destino de partidas presupuestarias, para realizar contrataciones directas sin ningún tipo de control ejecutivo o legislativo, para reclutar personal de distintas fuerzas retiradas del servicio activo. Todo tiene directa incidencia en el control de los territorios”, opina Verdú.

Uno de los principales problemas de la declaración de Emergencia en Seguridad, explica Tufró, es que no dice nada sobre el gobierno político de las fuerzas de seguridad ni sobre la necesidad de reformarlas, por lo que se podría pensar que efectivamente no es una prioridad para el Gobierno Nacional. “Hay otra serie de cuestiones muy preocupantes. Lo más grave es que se inscribe en la línea de la “lucha contra las nuevas amenazas” promovida por EEUU que implica una militarización de la seguridad interior. Por otro lado, es ingenuo decir que “el Estado no tiene capacidad de respuesta”. El problema más grave es segmentos del propio Estado, a través de la policía, los servicios penitenciarios, actores judiciales y políticos, participa directa o indirectamente de los mercados delictivos. La reforma de las estructuras de seguridad es un paso fundamental para poder desarmar los mercados ilegales, y este punto no está siendo abordado por el Gobierno Nacional. Por eso no tiene sentido militarizar la “lucha contra el narcotráfico”, ya que no existe un enemigo militar sino redes con participación y protección policial, judicial y política”.

Según Arslanian, que también integra el Acuerdo de Seguridad Democrática, mediante un decreto de necesidad y urgencia no se puede modificar dos leyes que forman parte de la refundación democrática (como la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, a la que se podría agregar luego la Ley de Inteligencia Nacional), que vedan la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir cualquier tipo de fenómeno delictivo y significaron una toma de partido por parte de la comunidad política argentina para limitar la intervención militar. “Me parece que el DNU no dice demasiado porque de lo que se trata es de habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a comprar pertrechos militares y facilitar las compras y tramitaciones para que las operaciones de compra se puedan hacer prescindiendo de las licitaciones. No creemos que estemos ante una emergencia de tal magnitud”, señala. “Creo que lo que falta es una metodología de abordaje correcta para el análisis y la toma de decisiones en la toma de políticas públicas del fenómeno criminológico. La autoridad política no puede decidir según el poder de configuración de los medios de comunicación. No puede salir corriendo un día detrás del narcotráfico, otro día detrás de la trata, otro día detrás de la mujer golpeada. Estos objetivos se tienen que fijar con diagnósticos sociales serios y en una suerte de trabajo mancomunado y muy bien articulado con la comunidad. Trabajar en villas, en los colectivos donde el conflicto social se hace más acentuado y la marginación está presente, construir liderazgos locales en los ámbitos donde se van a hacer las intervenciones es esencial a la hora de definir lo político. Porque de lo contrario la propuesta es usar la Gendarmería para sofocar una protesta determinada o usarla en todo caso como control social en cada uno de los lugares donde hay conflictos que es el problema que estamos viviendo permanentemente. Debemos privilegiar la prevención social”.